uarto.- Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.
Pero
en lo que atañe a estos últimos en el Capítulo IV, al definir quienes
además de ser españoles son "ciudadanos españoles" (es decir, españoles
con plenitud de derechos), se exigen varios requisitos, si se es de
origen africano, entre ellos no ser liberto, es decir, ser hijo de
padres libres ("ingenuos").
Artículo 22: A
los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por
originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del
merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes
concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a
la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y
conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de
padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados
en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión,
oficio o industria útil con un capital propio.
Merece
la pena señalar también que según el Artículo. 25.3 el ejercicio de los
derechos de ciudadano español se suspenden "Por el estado de sirviente
doméstico", sin que intervenga el origen racial en este hecho.
A pesar de estos "resultados", en estas Cortes hubieron diputados abolicionistas como Isidoro de Antillón, José Miguel Guridi Alcocer y Agustín Argüelles.
El
2 de abril de 1811 hubo un gran debate en las Cortes sobre la
esclavitud. Pocos días antes, el 26 de marzo de 1811, el diputado de
Tlaxcala (Méjico) Jose Miguel Guridi Alcocer presentó una propuesta que
incluía la abolición inmediata de la trata y un plan gradual de
abolición de la esclavitud que preveía que los hijos de los esclavos
fuesen libres y que suavizaba la condición del esclavo mediante el cobro
de un salario con el que podían comprar su libertad. El proyecto fue
envíado a la Comisión de la Constitución, sin ser tratado por el pleno.
En
cambio si fue admitida a discusión, produciéndose un gran debate, las
propuestas de abolición de la tortura y del tráfico de esclavos que
presentó el 2 de abril el diputado Agustín Argüelles. A José Miguel
Guridi Alcocer se le quiso aclarar porque no había sido tratada su
proposición en el pleno, con las siguientes palabras del diputado Sr.
Mejía: "Las proposiciones del Sr. Alcocer han pasado à esta comisión,
porque encierran un caso distinto, cual es el abolir la esclavitud,
negocio que requiere mucha meditación, pulso y tino".
La
propuesta de Argüelles en cambio tuvo una mejor acogida, pues por un
lado, en aquellos momentos el gran aliado de España, la Gran Bretaña,
estaba proponiendo a todos los países que suscribiesen un acuerdo de
prohibición de la trata de esclavos y por otro lado, se trataba de una
prohibición que al no liberar a los actuales esclavos, no iba en contra
del respeto a la propiedad privada. Esta importante matización volvió a
quedar en evidencia durante el debate, cuando en respuesta al diputado
García Herreros que pedía "que se declare que no sean esclavos los hijos
de esclavos, porque de lo contrario se perpetúa la esclavitud aunque se
prohiba este comercio". Le replicó de inmediato, el diputado Sr.
Gallego diciendo: "Esto trae otros inconvenientes, porque al cabo es una
propiedad agena, que está autorizada por las leyes".
Contra
estas voces abolicionistas, el Ayuntamiento de la Habana hizo llegar el
10 de julio de 1811 un memorándum en el que se oponía a la abolición
diciendo que los esclavos estaban en Cuba "no por nuestra culpa", sino
por la del padre Bartolomé de las Casas que dos siglos antes, para
proteger a los indios, había propuesto importar esclavos negros. Ahora,
según el escrito, debía de aceptarse que la economía de Cuba se basaba
en el trabajo esclavo.
El diputado de las Cortes
Isidoro de Antillón ya había demostrado su abolicionismo unos años
antes, cuando el 2 de abril de 1802, pronunció una conferencia en la
Academia Matritense de Derecho Español y Público, en favor de la
prohibición de la trata de esclavos y de la abolición gradual de la
esclavitud. En 1811 le dió forma de publicación, con el título
"Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que
la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían
adoptarse para hacer prosperar sin ellos nuestras colonias". Además le
añadió al final unas "Notas de 1811" en las que se reproduce y se da
apoyo a la propuesta de abolición del comercio de esclavos presentada a
las Cortes por el diputado Agustín de Argüelles, así como a la propuesta
presentada en el mismo debate por el diputado García Herreros pidiendo
la libertad para los hijos que tuviesen las esclavas.
Como
señala Antillón, las ideas de prohibición de la trata y de abolición
gradual de la esclavitud, cuando las expuso en 1802, eran una arriesgada
novedad, pues como dice en el preámbulo de la transcripción de la
citada conferencia: "en una corte donde reinaba el más absoluto y más
incensado despotismo, en donde se premiaba el espionage y la delación
como las acciones heroicas se premian en una república, en donde todas
las corporaciones de más autoridad, todos los agentes del gobierno
tenían declarada la guerra à la razón y proscrito al filósofo que osase
invocarla, hubo ¿quien lo creyera? un congreso de jóvenes honrados, que
arrostrando las cárceles, los destierros y toda la indignación del
favorito y de los ministros discutían libremente cuestiones muy
delicadas de moral y de política, raciocinaban sobre la libertad del
ciudadano y sobre la constitución de las sociedades...". Prosigue
Antillón: "No creía yo, ni esperaba cuando en el año 1802 leí en la
Academia de Santa Bárbara mi discurso sobre la esclavitud de los negros,
que en España nueve años después llegaría á reconocerse y proclamarse
la soberanía del pueblo, origen fecundo de todos los derechos del hombre
en sociedad...¿Que contraste entre los sublimes y patrióticos discursos
pronunciados en las córtes..... y las hediondas arengas de prostitución
y servilidad que formaban toda la elocuencia de los cortesanos de
Cárlos IV!
El mes de agosto de 1813 fue muy
dramático para Isidoro de Antillón. La expulsión de España de los
ejércitos de Napoleón ya había empezado a dar esperanzas a los
nostálgicos del absolutismo.
El 9 de Agosto,
Antillón intervino eficazmente oponiéndose con un largo discurso a las
propuestas en favor de un rápido traslado de las Cortes a Madrid o
Sevilla, y el abandono de Cádiz en donde los partidarios de la
Constitución eran fuertes. El día 13 aprovechó el debate de la petición
de los procuradores y ciudadanos de Trujillo (Perú) en favor de "abolir
por ley fundamental la que ordena la infamante pena de azotes y cárcel
al indio que no asiste en su parroquia á la doctrina" para formalizar
una proposición de sentido más amplio, en la que se pedía: "Que en el
plan de instrucción pública que aprueben las Córtes, se tenga presente
la necesidad de abolir el castigo de azotes en las enseñanzas públicas
como indigno de los ciudadanos españoles, y por la misma razón la pena
de azotes quede abolida en el Código criminal de la Monarquía". Una vez
aprobada esta proposición por las Cortes, prosiguió el debate y Antillón
se opuso a quienes proponían una anticipada disolución de las Cortes,
dejando en su lugar a la Diputación General con el encargo de preparar
una nueva elección de diputados.
A los pocos días
Antillón fue agredido por tres asesinos en la calle, al salir de las
Cortes, y dejado por muerto. A consecuencia de las heridas murió al año
siguiente en su población natal (Santa Eulalia), cuando era conducido a
Zaragoza para ser ejecutado, víctima de la represión que en 1814
desencadenó Fernando VII contra quienes se habían distinguido como
liberales en las Juntas ciudadanas de defensa contra los invasores
franceses y en las Cortes de Cádiz, cuya Constitución fue abolida el 4
de mayo de 1814.
Personalidades abolicionistas como Argüelles o el escritor José María Blanco White solo se salvaron exiliándose.
En
1820 el general Riego sublevó a las fuerzas que debían zarpar para
reprimir a los independentistas americanos y dio un golpe de estado, que
con el apoyo de las Juntas que se crearon en muchos puntos del país,
restableció la Constitución de 1812.
Una de las
iniciativas que aquellas restablecidas Cortes querían impulsar, era
penalizar el incumplimiento del tratado de 1817 de prohibición de la
trata de esclavos que Fernando VII firmó con Inglaterra, sin gran
voluntad de cumplirlo, a cambio de 400.000 libras. Los tres diputados
cubanos tenían instrucciones de oponerse a ello, pero uno de ellos, el
diputado de Cuba Félix Varela, no respetó esta
directriz y presentó un plan de prohibición inmediata de la trata y, con
el persuasivo argumento de que con la esclavitud siempre existiría el
peligro de que los esclavos se rebelasen, propuso un plan gradual de
abolición de la esclavitud en un máximo de quince años. Felix Varela era
un sacerdote y el historiador Hugh Tomas explica en su obra "La Trata
de esclavos" que los esclavistas cubanos le quisieron oponer otro
diputado y sacerdote cubano, fray Juan Bernardo O'Gaban, el cual
escribió un opúsculo contra Varela titulado "Observaciones sobre la
suerte de los negros", en el que se insistía que la trata suponía un
medio de civilizar a los africanos, y que si entendían realmente el
humanitarismo, los sabios legisladores obligarían a los africanos a
trabajar y apoyarían su traslado hacia América, en lugar de oponerse a
ello.
El debate de las propuestas de Varela no
prosperó pues en 1823 España fue invadida por los Cien mil hijos de San
Luis, enviados por la Santa Alianza para restablecer el absolutismo y
dar inicio a la llamada "década ominosa" de sangrienta represión contra
los liberales. Incluso en 1823 fuerzas realistas desenterraron y
quemaron el cadáver de Isidoro de Antillón, aventando sus cenizas.
La
represión no se atenuó hasta que el rey tuvo que combatir a un sector
absolutista "ultra" alzado en armas: los llamados "descontentos",
conglomerado que unía por un lado a quienes temían por sus privilegios o
por una desamortización de sus tierras y bienes, como en el caso de la
Iglesia, y que veían en cualquier medida modernizadora -como la de que
España tuviese un Presupuesto- una amenaza al atentar o limitar en
cierta forma el poder o capricho real. Por otro lado, se les sumaban
campesinos empobrecidos en regiones como el interior de Cataluña, a
quienes la propaganda de los primeros había convencido que el culpable
de sus males era el gobierno absolutista moderado al que acusaban de
liberal y de alejado de la Iglesia.
Esta amalgama
"ultra" al morir Fernando VII, fue el origen del "Carlismo", partido
defensor de las pretensiones de Don Carlos, hermano de Fernando VII. A
lo largo del siglo XIX estuvo en la raíz de tres guerras civiles en
España. El carácter secundario del problema dinástico lo corrobora el
que este tipo de defensa del absolutismo "ultra" no fue exclusivo de
España. También en Portugal tuvieron una guerra civil contra los
Miguelistas, partidarios del pretendiente Miguel de Braganza que
aglutinaba fuerzas parecidas.
Foto del duelo entre canarios y madrileños en la Liga Endesa
